La sociedad pampeana asiste día a día al recrudecimiento de las políticas oficiales destinadas a seguir presentando una falsa apariencia de una provincia ordenada en materia de seguridad, educación, economía, salud, trabajo y justicia, que sólo se pueden mantener con represión.
La policía como institución, porque no se puede hablar de casos aislados si se tiene memoria de la historia reciente, cumple la función de control social de las manifestaciones políticas e individuales que no coinciden con el proyecto político que el gobierno provincial mantiene vigente en estos 25 años de democracia.
Recientemente asistimos perplejos y sorprendidos a la verdad latente e indiscutible de que el aparato y la concepción represiva de la última dictadura militar, se mantiene vigente, enseñado y practicado, listo para sostener por la fuerza un modelo de provincia que perjudica a las mayorías.
Ayer fue el “algo habrán hecho”, hoy el “entran por una puerta y salen por la otra”. Siempre tendrán a mano una excusa pare esgrimir como justificativo en la aplicación de las prácticas del terrorismo de estado. Decimos la policía como institución porque no se puede hablar de “malos agentes” o “agentes descarriados”, cuando los protagonistas de la represión de las manifestaciones políticas, son hoy los jefes de los que supuestamente perdieron el rumbo.
En esta democracia de baja intensidad y poco participativa, los miembros de la jerarquía policial fueron parte de la represión del cacerolazo y los obreros de la construcción de 2002, del patotero atropello en 25 de Mayo contra quienes reclamaban para sí las fuentes laborales que genera la explotación de hidrocarburos, de la represión y defensa del gobierno autoritario justicialista que el pueblo de Santa Rosa logró echar mediante la movilización y el ejercicio de la democracia directa, de los apremios ilegales que se siguen registrando todavía en la comisarías de La Pampa, por sólo enumerar algunas de las acciones represivas de esta fuerza policial que tiene a la sociedad como blanco para mantener un sistema económico y social en beneficio de unos pocos, comandada por el gobernador y su ministro de seguridad.
Recientemente una familiar de un detenido dijo que “los jefes a sus cagadas las tapan”, como lo demuestra el hecho de que el asesino de Esteban Con siga en la fuerza, o la impunidad de la que siguen gozando quienes estaban a cargo de la comisaría de General Acha cuando asesinaron a Juan Carlos Canale, el disparo de una itaka contra un joven que circulaba por Santa Rosa y que le costara dos dedos, o el caso de Alejandra Narváez tuvo que abandonara su vivienda de Eduardo Castex tomada por policías a instancias del comisario del pueblo. Lamentablemente debemos decir que esto es una mera enunciación de algunos casos de abuso y apremio policial.
En las proximidades de otro aniversario del golpe de estado de 1976 las políticas económicas, sociales y represivas, e incluso varios de sus personeros como el gobernador Jorge que era director del BLP o los médicos cómplices de la tortura y los represores que gozan de una libertad procesal que les permite pasearse por nuestras calles con total impunidad, tienen real vigencia, aplicación práctica y defienden el mismos sistema injusto de entonces, pero esta vez, bajo pseudas reglas democráticas.
El Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos no le pide nada a la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa porque no tiene intereses personales y sigue sosteniendo que es una gran contradicción su misma existencia, ya que las víctimas a las que debe asistir son generadas por el mismo Estado provincial que reprime, empobrece, embrutece y enferma porque su proyecto de sociedad no es para todos, repite la exclusión, marginación, pobreza y represión de las mayorías en beneficio de los mismos sectores económicos y sociales de la última dictadura militar.
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