El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos reclama que se deje sin efecto la sanción judicial a
El gobierno pampeano debería estar agradecido de la función social que cumplen las familias de contención en lugar de condenarlas por reclamar por los derechos del niño y el adolescente. El estado pampeano todavía considera a los menores como un objeto y hace y deshace con ellos como si se trataran de una cosa inanimada.
Los jóvenes con necesidad de contención son producidos por las políticas neoliberales de exclusión social como las del gobierno pampeano. El riesgo lo generan con la falta de trabajo, salud y educación.
Junto a familias de contención y padres adoptantes estamos reclamando la adhesión a la ley 26.061 de Protección Integral de los Derecho de Niños Niñas y Adolescentes, con el fin de que nuestros menores sean considerados sujetos de derecho y no simples objetos que están supeditados al antojo del juez o jueza de turno.
La sanción judicial a
Es sencillamente vergonzoso que la justicia sancione a una familia, que afectada sentimentalmente por la situación que vivía, fue a la casa del funcionario de turno a reclamar una solución. Fuimos hasta allá, porque este movimiento también participó de las movilizaciones, luego de mucho insistir por los “mecanismos administrativos correspondientes”.
Este fallo es un claro apoyo a la clase dirigente responsable de estas injusticias. Parece más una “protección corporativa”, que un “acto de justicia”. Mientras la justicia se muestra muy lenta para sancionar los delitos de corrupción, las “mega estafas”, es veloz y eficaz a la hora de criminalizar la protesta social.
El gobierno provincial es responsable por lo que le pasa cada día a cada menor desamparado de nuestra provincia. Una ley no solucionará el problema, pero allanará el camino para la aplicación de políticas de protección integral de la niñez y la adolescencia.
