El Movimiento de DDHH y Mujeres por la solidaridad reclamanos soluciones

“Nuestras niñas y mujeres son víctimas de la violencia. Y el Estado no hace nada”, sintetizó Cristina Ercoli en la denuncia pública que realizaron el grupo Mujeres por la Solidaridad y el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos sobre los múltiples incumplimientos del Estado provincial en afrontar esta problemática. Los casos en los que las mujeres y las niñas son víctimas de la violencia se multiplican. Con el agravante de que después son víctimas del Estado, que oculta el problema, las denuncias y deja la vía libre para la actuación de los golpeadores. Para dar cuenta de la dimensión que alcanzó el problema, Mujeres por la Solidaridad y el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos mostraron los casos y las víctimas: estaban Matilda Domínguez de Vargas, la abuela que crio durante cuatro años a S. y la jueza Baladrón “me la arrancó”; Julia Ferreyra, la madre de Andrea López, una joven desaparecida y que era obligada a prostituirse por su esposo, el boxeador Víctor Purreta; el caso de una mujer pareja de un policía (a quien le niegan la posibilidad de hacer las denuncias, entre otras irregularidades); los casos de las víctimas de Servi Trinitatis; el caso de Alejandra Narváez, golpeada en la Comisaría de Castex y a la que el comisario le sacó la casa para dársela a la parienta de otro policía. “Acá tenemos a las víctimas”, dijeron para graficar el resultado de la falta de aplicación de la ley contra la violencia. Una ley que no se aplica Mónica Rodríguez, de Mujeres por la Solidaridad, destacó los aspectos de la Ley 1.918 de Violencia Familiar que no se cumple. “Queremos hacer un reclamo público a los tres poderes para que se realice un tratamiento educador, preventivo contra la violencia síquica y física que sufren nuestras niñas y mujeres”, reclamó. “El pedido es que se hagan cargo de atender los derechos de las niñas y mujeres”, agregó. Reveló que advirtieron que “hay una fuerte tendencia a no tomar denuncias por hechos de violencia en las comisarías. Se hacen exposiciones que carecen de valor”, dijo. Además, dijo que la Ley 1.918 de Violencia, que debía tener una comisión de seguimiento para perfeccionarla, sólo realizó una corrección. Otro de los aspectos denunciados es que “si el golpeador tiene contactos o poder, tiene un beneficio, un tratamiento privilegiado”. Casos brutales Matilde Domínguez reiteró el drama que vive la familia Vargas por la decisión de la jueza Cristina Baladrón de sacarle a la nena S., de un día para el otro luego de que la criaran durante cuatro años. “Me la arrancaron. La nena está sufriendo y nosotros, por verla mal y la culpa de haberla dejado ir.”, dijo Matilde. Para Mujeres por la Solidaridad el caso de la niña S. y de la familia Vargas es un claro ejemplo de que no hay políticas de Estado en la problemática. Las dos entidades denunciaron otros casos graves: por ejemplo la “desidia” en la búsqueda de un comerciante de Colonia 25 de Mayo acusado por una menor por violación. El comerciante habría sido advertido por la propia Policía de que era buscado. También lo que sucedió en la causa Servi Trinitatis. “La jueza Florencia Maza paralizó durante seis meses la causa. No tomó medidas de oficio, sólo proveyó dos o tres pruebas pedidas”, dijo el abogado Omar Gebruers. “Porque los acusados son sacerdotes”. También denunció el caso de Alejandra Narváez. “Fue golpeada por su ex pareja, un informante del comisario Cortés. Y no la ahorcó porque se le cortó el cable del teléfono. Cuando fue la Policía la detuvieron a ella. Y la golpearon en la Comisaría, le destrozaron los riñones”, remarcó.